Servicios financieros

Suministrar al banco determinada información financiera y patrimonial, tanto en la fase previa a la concesión del préstamo, como durante su vigencia.  

6.3.3. Causas de extinción del préstamo

• Por cumplimiento regular de las obligaciones del prestatario.
• Vencimiento anticipado por parte del cliente: El cliente adelanta el pago de todo o parte del capital pendiente a cambio de abonar una comisión por amortización.
• Vencimiento anticipado por parte del banco: Cuando hay incumplimiento de las obligaciones de pago.  

6.4. La apertura de crédito  
Mediante este contrato, la entidad de crédito se compromete, a cambio de una comisión, a poner a disposición del cliente una determinada cantidad de dinero hasta un límite máximo y por uno período de tiempo determinado, para que el cliente vaya disponiendo de él a medida que lo necesite.

6.4.1. Diferencias con el contrato de préstamo 
Aun cuando se puede confundir con el contrato de préstamo, presenta las siguientes diferencias:

Préstamo

• Para su validez, es requisito indispensable la entrega de la cuantía que se da en préstamo.
• El banco entrega al prestatario el importe pactado, normalmente abonándolo en una cuenta corriente.
• El prestatario tiene que devolver la cantidad prestada cuando se produzca el vencimiento de cada una de las amortizaciones pactadas hasta la total devolución del préstamo.
• Se pagan intereses sobre toda la cantidad prestada, en la forma y plazos que se hayan establecido.

Apertura crédito

• Solo es necesaria la voluntad de las partes, una vez aceptada la solicitud del cliente por parte de la entidad de crédito.
• El banco no entrega ninguna cantidad inicialmente, sino que se compromete a entregar sumas, hasta el límite máximo fijado, cuando el cliente lo solicite.
• El cliente puede reducir su deuda con el banco mediante ingresos en la cuenta corriente abierta a tal efecto, independientemente de la reducción del límite de crédito, de tal forma que puede llegar a convertirse en acreedor del banco, sin que por ello el crédito haya quedado cancelado.
• Únicamente se pagan intereses por el capital realmente dispuesto y durante el tiempo en que se haya utilizado. 

6.4.2. Obligaciones de la entidad de crédito
La entidad se obliga a poner a disposición del cliente las cantidades pactadas, con unas limitaciones:

• No puede ser obligada a facilitar cantidades que superen el importe del crédito concedido.
• No lo concederá fuera del plazo o periodo previamente pactado.
• La disposición del capital por el interesado se tiene que hacer de la forma pactada.

6.4.3. Obligaciones del cliente

• Pagar una comisión como compensación por la disponibilidad de fondos.
• Pagar intereses por el tiempo y la cuantía del capital dispuesto.
• Restituir los fondos utilizados en la fecha y forma que se hayan establecido en el contrato.

6.4.4. Extinción del contrato
El contrato de apertura de crédito se extingue por las causas siguientes:

• Por vencimiento del plazo de duración del crédito.
• Resolución unilateral del contrato por parte del banco por:
  • Incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del cliente.
  • Cambio en la situación patrimonial del cliente que ponga en peligro su solvencia.
  • Quiebra del cliente. 

6.5. Garantías asociadas al préstamo 

6.5.1. El aval 
Mediante el aval, una o diversas personas se obligan a pagar o a cumplir por un deudor principal en el supuesto de que éste no lo haga.

Características del aval

• Obligación accesoria: Puesto que siempre tiene que haber una principal, sino no puede subsistir.
• Obligación subsidiaria: El avalador únicamente debe cumplir su obligación en el supuesto de que no lo haga el deudor principal.
• Beneficio de excusión: Mediante el que el avalador puede negarse a cumplir su obligación, indicando los bienes del deudor principal que sean suficientes para pagar la deuda. Este beneficio no se aplicará:
  • Si el avalador ha renunciado expresamente.
  • Si el avalador se ha obligado solidariamente con el deudor.
  • Si el deudor garantizado es insolvente o se encuentra en situación de quiebra o suspensión de pagos.
  • Normalmente en los avales otorgados como consecuencia de los contratos bancarios es habitual que el avalador renuncie al beneficio de excusión, obligándose solidariamente con el deudor.

Relación entre la entidad de crédito y el avalador

• La entidad, antes de reclamar judicialmente la deuda al avalador, le debe requerir para que pague.
• La entidad puede demandar conjuntamente al deudor y al avalador aunque el aval no sea solidario.
• Si se reclama el pago al avalador, éste solamente puede oponer al acreedor las excepciones relativas a la validez y existencia de la obligación garantizada, pero en ningún caso puede oponer excepciones personales del deudor principal.

Relación entre deudor y avalador

• Si el avalador se ve obligado a pagar podrá reclamar después contra el deudor, aparte del importe de la deuda, los intereses, los gastos ocasionados y los daños y perjuicios sufridos.
• Si la deuda es a plazo y el avalador paga antes, no podrá reclamar el importe al deudor hasta que finalice el plazo.
• Si el avalador paga sin notificarlo al deudor y éste, al no saberlo, también paga, no podrá reclamarle nada al deudor, pero sí que podrá reclamar al acreedor la cuantía que éste ha recibido dos veces.

Extinción del aval

• Cuando se extingue la obligación garantizada.
• Puede ocurrir que la obligación principal subsista, pero se extinga el aval por las causas siguientes:
  • Si por algún acto del acreedor, el avalador no pudiera subrogarse en los derechos que tenía el mencionado acreedor.
  • En el supuesto de prórroga de la obligación principal concedida por el acreedor a los deudores sin el consentimiento del avalador.
  • Si ha transcurrido la fecha de vencimiento de la garantía en el supuesto de que se haya pactado ésta expresamente en el contrato. 

6.5.2. La Hipoteca 
La característica principal del contrato de préstamo hipotecario es que garantiza el cumplimiento de contrato un bien, sea mueble o inmueble. Mediante el préstamo hipotecario, se asegura el cumplimiento de la obligación que contrae el cliente, puesto que atribuye al acreedor hipotecario, en el caso de incumplimiento por parte del deudor, la facultad de ejecutar el bien hipotecado para cobrarse las cantidades dejadas de abonar por el deudor. 

6.5.2.1. Referencia a la hipoteca inmobiliaria
La Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, establece que las entidades de crédito tendrán que informar obligatoriamente mediante un folleto informativo a los clientes que soliciten préstamos con garantía hipotecaria cuando coincidan simultáneamente las siguientes circunstancias:

• Que sea un préstamo hipotecario y la hipoteca recaiga sobre una vivienda.
• Que el prestatario sea una persona física.
• Que el importe del préstamo solicitado sea igual o inferior a 150.000€, o su equivalente en divisas.

6.5.2.2. Antes de la contratación 
El cliente tiene derecho a que se le facilite un folleto informativo donde tienen que constar los datos siguientes:
 
Identificación del préstamo:

• Denominación comercial.
• Cuantía máxima del préstamo respecto al valor de tasación del inmueble hipotecado.
• Moneda del préstamo, en el supuesto de que no sea el euro.

Plazos:

• Plazo total del préstamo.
• Plazo de carencia de amortización del principal.
• Periodicidad de los pagos.

Tipos de interés:

• Fijo o variable.
• Plazo de revisión del tipo de interés.
• Tipo de interés anual y tipo de referencia.

Comisiones:

• De apertura.
• De amortización (no puede ser superior al 1 por 100 del capital que se amortiza).
• Otras comisiones que puedan haber.

Gastos:

• Indicación de qué servicios concertará o prestará directamente la entidad de crédito.
• Indicación de los gastos con cargo al cliente, especificando que se tendrán que abonar en el caso de que el contrato no se llegue a formalizar.
• Indicación de la forma y el momento en que se repercutirán los gastos al cliente.
• Indicación de qué servicios deben ser abonados y contratados directamente por el cliente.
• Impuestos y aranceles aplicables.

Cuotas periódicas:

• Se debe incluir una tabla de cuotas periódicas en función del plazo y tipo de interés.

También se tendrá que informar al cliente, cuando el gasto sea a su cargo:

• De la entidad de los profesionales que tasarán el inmueble o ejecutarán otro servicio, si es la entidad la que lo realiza o propone los profesionales.
• Tarifas u honorarios aplicables.
• Cuando la tasación sea efectuada o concertada directamente por la entidad, pero el gasto sea con cargo al cliente, se le deberá entregar copia del informe de la tasación en el caso de que la operación se llegue a formalizar, y si no, se le deberá entregar el original.
• Aunque el préstamo no llegue a otorgarse, se tendrán que indicar los gastos preparatorios de la operación, como tasación, comprobación de la situación registral del inmueble, u otras que se considerarán con cargo al cliente aunque el préstamo no llegue a otorgarse. 

6.5.2.3. La oferta vinculante 
Una vez el cliente ha podido examinar los folletos informativos de las diferentes entidades de crédito y se ha decidido por un determinado préstamo, puede pedir una oferta vinculante.

Antes de que nos hagan la oferta es necesario:

• Hacer la tasación del inmueble y pagar el coste correspondiente.
• Que la entidad de crédito compruebe la capacidad financiera del solicitante.
• Una vez la entidad ha decidido concedernos el préstamo, nos deberá hacer la oferta vinculante por escrito y especificando todas las condiciones financieras del préstamo.

La oferta será vinculante para la entidad de crédito durante el plazo que establezca la propia oferta, pero nunca inferior a 10 días desde que se entregue al cliente. 

6.5.2.4. El documento contractual 
El contrato de préstamo hipotecario se debe celebrar por escrito, elevarlo a escritura pública e inscribirlo en el Registro de la Propiedad, a fin de que la hipoteca quede válidamente constituida.

Durante al menos los tres días hábiles anteriores al otorgamiento de escritura pública, el consumidor tiene derecho a examinar el proyecto de escritura pública en el despacho del Notario.

El Notario, en cumplimiento de su deber de informar, deberá:

• Comprobar que no haya diferencias entre las condiciones de la oferta vinculante y las cláusulas financieras del documento contractual.
• Que el tipo de interés pactado, ya sea fijo o variable, no vulnere las reglas establecidas por el Banco de España.
• Comprobar que las cláusulas no financieras del contrato no impliquen para el consumidor comisiones o gastos que se tendrían que haber incluido en las cláusulas financieras.

En los préstamos hipotecarios es obligatorio contratar un seguro de daños del inmueble hipotecado. Ningún otro seguro es exigible legalmente, aun cuando no es infrecuente contratar también un seguro de vida cuyo importe, en el supuesto de muerte del deudor, sirva para pagar al menos una parte del préstamo hipotecario. El cliente puede escoger la compañía con la que contratará la póliza o pólizas de seguros y, por lo tanto, no está obligado a aceptar la entidad aseguradora que le proponga el banco. 

6.6. El descuento bancario 
Mediante el contrato de descuento bancario, el banco, previa deducción de un interés, anticipa al cliente el importe de un crédito que éste tiene frente a un tercero con la cesión del crédito mismo, obteniendo de esta forma el cliente descontatario el importe de un crédito antes de su vencimiento.

El plazo máximo de descuento en la práctica bancaria suele ser de 18 meses, pero puede ser superior previa autorización.  

6.6.1. Tipo de descuento 
Los descuentos pueden ser:

• Descuento cambiario/descuento común: El primero va asociado a créditos incorporados a una letra de cambio o a un pagaré; el segundo se refiere a descuentos de créditos comunes aplazados.
• Descuento comercial/descuento financiero: El comercial se da cuando el crédito que se descuenta obedece a una relación comercial mantenida por el descontatario; en cambio, el descuento financiero significa la creación de una letra de cambio por parte del banco al cliente para obtener fondos. En este caso, los intereses que cobra la entidad son más elevados por el mayor riesgo que implica la operación.
• Descuento simple/línea de descuento: El primero se produce de una manera simple o aislada. La línea de descuento es un contrato por el que el banco se compromete a anticipar el importe de los efectos que en un futuro le sean presentados por el cliente hasta una determinada cuantía. 

6.6.2. Obligaciones de la entidad

• Anticipar la suma dineraria que se descuenta.

La entidad, en el supuesto de no poder cobrar la deuda descontada, debe devolver la letra al descontatario con la misma eficacia que tenía cuando éste se la entregó. 

6.6.3. Obligaciones del cliente 

• Declarar si la naturaleza de las letras descontadas es comercial, financiera o de favor.
• Pagar los intereses.
• Transmitir el crédito descontado al banco.

Si el deudor no paga cuando llega el vencimiento, el descontatario deberá restituir al banco el importe descontado.  

6.7. Las tarjetas bancarias 

6.7.1. Concepto 
Las tarjetas bancarias son un medio de pago con el que podemos pagar compras de productos y servicios, obtener dinero en metálico e incluso obtener crédito si la tarjeta es de crédito. 

6.7.2. Tipos de tarjetas
Por lo tanto, de las tarjetas bancarias distinguiremos entre:

• Tarjetas de crédito: El emisor de la tarjeta concede crédito al titular de la misma hasta un determinado límite que se fija en el contrato. De esta forma se permite aplazar los pagos de las compras o disposiciones que se realicen hasta la fecha de liquidación que se haya pactado.
• Tarjetas de débito: En este tipo de tarjeta el importe de la adquisición se carga de forma inmediata en la cuenta corriente del titular de la tarjeta.

También podemos hacer la distinción en base a los sujetos que intervienen en la relación:

• Tarjetas bilaterales: Son tarjetas no bancarias en las que la relación de la tarjeta solo se establece entre el emisor y el titular. Son las tarjetas que emiten los establecimientos comerciales para el uso de sus clientes en el propio centro.
• Tarjetas trilaterales: Intervienen en la relación el titular de la tarjeta, un establecimiento adherido y la entidad emisora de la tarjeta, que normalmente es una entidad de crédito.  

6.7.3. Funcionamiento de las tarjetas
El funcionamiento del pago mediante tarjeta de crédito es el siguiente:

• Por una parte existe un contrato de tarjeta de crédito entre el emisor de la misma y el titular por el que éste queda autorizado a utilizarla en los establecimientos adheridos; por otra parte, el emisor de la tarjeta celebra contratos con los establecimientos vendedores o empresas de servicios por los que éstos se obligan a aceptar la tarjeta en las ventas que realicen. De esta manera, un titular de la tarjeta puede pagar con la misma en uno de los establecimientos adheridos. El establecimiento adherido le hará firmar una factura o comprobante de la compra. Posteriormente presentará esta factura o comprobante a la entidad emisora, que le abonará su importe (con el descuento que se haya concertado y que es la ganancia de la entidad emisora). Finalmente, la entidad emisora de la tarjeta cargará el importe de la compra efectuada mediante la misma en la cuenta corriente del titular en la fecha concertada.

Así pues, lo más habitual es que intervengan tres partes en el funcionamiento de la tarjeta y cada parte tendrá sus obligaciones.  

6.7.3.1. Obligaciones del titular de la tarjeta 

• Reembolsar al emisor las cantidades que ha pagado más las comisiones e intereses estipulados.
• No sobrepasar el límite máximo de disponibilidad que se ha pactado en el contrato de tarjeta.
• Hacer un uso correcto de la tarjeta, siendo especialmente diligente en lo referente al uso del número de identificación personal (PIN). ¿Qué no debemos hacer?:
  • Anotar el PIN en la tarjeta o en documentos que la acompañen.
  • Utilizar como PIN datos fácilmente identificables como la fecha de nacimiento.
  • No dejar la tarjeta olvidada en lugares visibles como, por ejemplo, al asiento del coche.
  • Tirar los recibos y facturas de las compras antes de que llegue la liquidación de la tarjeta.
• Notificar inmediatamente la pérdida o robo al emisor.

El problema que surge en este punto es quien debe responder de la pérdida en el caso de existencia de una factura con firma falsificada. Según la Recomendación (*) de la CE de 17 de noviembre de 1988, hasta el momento de la comunicación la responsabilidad del titular de la tarjeta queda limitada a 150€. Esta Recomendación, a pesar de no ser vinculante, ha sido recogida por la gran mayoría de las entidades de crédito de nuestro país. Es, pues, habitual que el contrato de tarjeta de crédito celebrado con la entidad contemple que antes de la notificación el titular responda hasta una cantidad determinada, excepto en el supuesto de que haya actuado fraudulentamente o con negligencia grave. En cualquier caso, después de la comunicación, la responsabilidad es íntegramente de la entidad bancaria. (Redactado diferente).

(*) Las recomendaciones comunitarias no son vinculantes para los diferentes operadores económicos y jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, estas normas no obligan, sino que invitan a sus destinatarios a actuar de acuerdo con unos criterios determinados.

• Comunicar sin dilación al emisor el registro en la cuenta vinculada de cualquier transacción no autorizada o de cualquier otro error o irregularidad en la gestión de la cuenta por parte del emisor.
  Debemos tener en cuenta lo siguiente:
  • En el caso de controversia con el titular, corresponde al emisor probar que la operación fue correctamente registrada.
  • La prueba recae sobre el emisor porque es éste quien debe llevar un registro de las operaciones que se realicen.
  • El emisor es responsable de las pérdidas producidas por el mal funcionamiento del sistema que está bajo su control.   

6.7.3.2. Obligaciones del emisor de la tarjeta 

• Expedir la tarjeta y ponerla a disposición del nuevo titular. Debemos tener en cuenta dos aspectos:

  • Está prohibido enviar tarjetas que no se han solicitado, pero si la usamos significa que la estamos aceptando.

  • Se debe entregar la tarjeta de forma que se garantice la recepción por parte de su titular.

• Respetar el límite que se haya establecido en el contrato.

• Debe pagar las facturas que el titular firme con los establecimientos adheridos. No se debe hacer cargo cuando haya fraude por parte del titular o del establecimiento adherido.

• Debe presentar periódicamente al titular un extracto detallado de las operaciones realizadas.

• Debe llevar un registro de las operaciones que se realicen con la tarjeta.

• Se obliga a poner a disposición de los establecimientos adheridos el apoyo técnico adecuado para que puedan hacer las transacciones con la tarjeta de crédito.  

6.7.3.3. Obligaciones de los establecimientos adherido 

• Aceptar la tarjeta como medio de pago.
• Deben comprobar que la persona que utiliza la tarjeta es el titular de la misma y que la utiliza correctamente.
• Deben pagar al emisor la comisión pactada.

   

6.7.3.4. Extinción del contrato 

• Caducidad de la tarjeta
• Cancelación de la tarjeta por iniciativa propia del emisor, siempre que haya una causa justa.
• Cancelación de la tarjeta a petición del titular.   

7. Los intereses y las comisiones de las operaciones bancarias 
Todos los contratos y operaciones bancarias que acabamos de ver devengan unos intereses y unas comisiones a favor de la entidad bancaria.

Tanto los intereses como las comisiones deben cumplir una serie de requisitos. 

7.1. Requisitos que deben cumplir los intereses

Las entidades de crédito deben comunicar al Banco de España y publicar para que lo conozcan sus clientes:

• El tipo de interés preferencial, que es el que las entidades aplican, en cada momento, a sus clientes de mayor solvencia.
• Los tipos aplicables en los descubiertos en cuenta corriente, que no pueden superar 2,5 veces el interés legal del dinero si se trata de operaciones con consumidores.
• Los tipos aplicables en los “excedidos” en cuenta de crédito.
• Los intereses aplicables a créditos al consumo y préstamos hipotecarios (con carácter orientativo). 

  

7.2. Requisitos que deben cumplir las comisiones
Las entidades bancarias tienen derecho a cobrar comisiones por los diferentes servicios que prestan a sus clientes. La cuantía de estas comisiones es la que libremente determinen las entidades, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

7.3. Obligaciones de información que se imponen a las entidades de crédito titulares de cajeros automáticos
El 30 de octubre de 2003 entró en vigor la Orden PRE/1019/2003 , de 24 de abril, sobre la transparencia de los precios de los servicios bancarios prestados mediante cajeros automáticos, que regula la protección del derecho a la información de los usuarios de cajeros automáticos.

Quedan sujetos al régimen de transparencia previsto en esta orden, los servicios bancarios prestados mediante cajeros automáticos.

Se tendrán que asegurar de que en el cajero se indique claramente el valor exacto de la comisión y de los gastos adicionales a que esté sujeta la operación solicitada por el usuario.

Cuando la entidad financiera emisora del medio de pago sea diferente de la titular del cajero automático en el que el usuario vaya a hacer la operación, se deberá informar del valor máximo que pueden tener la comisión y otros gastos adicionales a que pueda quedar sujeta la operación solicitada. Se tendrá que informar de que el importe finalmente cobrado puede ser inferior dependiendo de las condiciones estipuladas en el contrato celebrado entre el usuario y la entidad financiera emisora del medio de pago.

Durante seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Orden, esta información se puede sustituir por una advertencia que indique claramente al usuario que la entidad financiera emisora de su medio de pago puede haber establecido una comisión o haber previsto la repercusión de determinados gastos para la ejecución de la operación solicitada.

Antes de que la operación sea solicitada el cajero debe informar a qué red de comercialización pertenece.

Se entiende como “Red de comercialización” las sociedades que tengan por objeto realizar las interconexiones electrónicas necesarias para que las entidades puedan prestar servicios mediante cajeros automáticos.

Una vez solicitada la operación, informará de los dos puntos primeros, así como de la posibilidad de desistir de la operación solicitada.

En el cajero figurará un número de teléfono para incidencias.

Estas obligaciones solamente serán exigibles respecto a las siguientes operaciones:

• Operación de extracción de efectivo (sea a débito o a crédito).
• Consulta de saldo.
• Movimientos de la cuenta.

El Banco de España, mediante Circular, podrá ampliar estas obligaciones a otras operaciones bancarias que se puedan realizar en cajeros bancarios.

Las obligaciones de esta Orden serán de aplicación a las entidades de crédito, españolas o extranjeras, y a las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras que sean titulares de cajeros automáticos situados en España, así como a las entidades financieras emisoras de medios de pago comercializados en España.

Comisiones: Las Comisiones serán las que libremente fijen las entidades financieras emisoras de medios de pago comercializados en España, y en su caso, las entidades titulares del cajero automático que preste el servicio, y deben cumplir las siguientes condiciones:

• Previo registro de las tarifas en el Banco de España.
• Publicidad de las tarifas y comisiones. En ningún caso podrá cargar una cuantía superior a la publicitada.
• Las comisiones y gastos deben responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos. 

7.4. Obligaciones de información impuestas a las entidades financieras emisoras de medios de pago comercializados en España 
Tendrán que facilitar a las entidades de crédito titulares de cajeros automáticos toda la información necesaria a fin de que éstas puedan cumplir las obligaciones establecidas en los apartados anteriores. 

Deben comunicar a sus clientes, con una periodicidad como mínimo mensual, la información sobre las comisiones y otros gastos adicionales cobrados por cada una de las operaciones realizadas en cajeros automáticos, de forma que el cliente pueda identificar la operación realizada y conocer el precio completo del servicio. 

8. El registro de impagados 

8.1. Concepto 
En la actividad bancaria es tradicional la demanda de un intercambio de información entre los bancos sobre sus clientes, en el sentido que unas entidades pongan en conocimiento de las otras ciertos datos relevantes sobre las operaciones conclusas con sus clientes, en particular en relación a aquellos extremos que inciden sobre la solvencia de estos clientes.

La forma más eficaz de intercambiar información es mediante la creación de un organismo central al que todas las entidades se obligan a comunicar determinados datos a fin de registrarlos y, de esta manera, todas las entidades adheridas o afiliadas a este organismo central pueden tener acceso a ellos.

Son registros de impagados: el RAI (Registro de Aceptos Impagados), que es uno de los registros de impagados más importante del sistema bancario español, y el ASNEF, entre otros.

Los registros de impagados, además de estar sometidos a la Ley de protección de datos, se regulan por reglamentos internos.

8.2. Derechos que tenemos frente al titular del fichero 

• Derecho a conocer la existencia del registro: Las propias entidades nos deben informar si estamos /incluidos o no en un registro.
• Derecho de acceso a la información: Según el artículo 29.2 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el titular del fichero debe comunicar a los interesados, en un plazo de 30 días desde la fecha de la inscripción en el registro, que sus datos han sido incluidos en el mismo, y se les informará de su derecho a obtener información sobre su totalidad.
• Derecho de rectificación y cancelación: El artículo 16 de la LOPD dispone que tendrán que ser rectificados o cancelados aquellos datos de carácter personal que sean inexactos o incompletos.

     

8.3. Ejercicio del derecho de rectificación y cancelación 

Si disponemos de documentación que acredita la cancelación o inexistencia de la deuda, se tendrá que ejercitar ante el Registro acompañando el escrito con fotocopia del DNI.

En un plazo de 10 días desde la recepción del escrito, el fichero debe contestar al interesado.

Si en este plazo no nos contestan o nos deniegan la rectificación o cancelación de los datos, podremos interponer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. 

8.4. Central de Información de Riesgos (CIR) 
De acuerdo con la Circular 1/2004 , de 29 de junio, a entidades de crédito, cualquier persona física o jurídica titular de un riesgo declarable a la Central de Información de Riesgos (CIR), registro que depende del Banco de España, podrá acceder a toda la información que le afecte. Adicionalmente, las personas físicas podrán solicitar el nombre y la dirección de los cesionarios a los que la CIR hubiera comunicado sus datos durante los últimos seis meses, junto con la información cedida en cada caso.

Será requisito indispensable que el/la interesado/a se identifique suficientemente ante la CIR o cualquier sucursal del Banco de España, o envíe una solicitud firmada por él/ella o su representante a la CIR (Banco de España C/Alcalá, 48, 28014 Madrid) donde incluya la información y documentación que detalla la Circular.

Los datos solicitados serán suministrados por la CIR en el plazo de 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud en el Banco de España.

Si el/la titular considera que los datos declarados son inexactos o incompletos podrá dirigirse directamente a la entidad o entidades declarantes requiriendo su rectificación o cancelación, o solicitar al Banco de España que tramite su reclamación, identificando los datos que considera erróneos, así como justificando las razones y el alcance de su petición. Las entidades deberán contestar al/a la titular, y a la CIR (cuando la reclamación se hubiera tramitado a través del Banco de España), en el plazo de 15 días hábiles, si el/la reclamante es una persona física, y de 20 si es persona jurídica.

Las personas físicas podrán formular contra las entidades declarantes la reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, cuando éstas no accedan a la rectificación o cancelación solicitada por el/la afectado/a o no haya sido contestada su solicitud dentro del plazo previsto. 

9. Las vías de reclamación 
En el supuesto de disconformidad respecto a alguna de las actuaciones de la entidad de crédito, lo primero que debe hacer el cliente es dirigir la queja a su propia oficina. Si en ésta no es atendido, o no llegan a un acuerdo, deberá seguir las vías siguientes: 

9.1. El Departamento o Servicio especializado de Atención al Cliente. El Defensor del Cliente 
Las siguientes Entidades Financieras:

• Las entidades de crédito
• Las empresas de servicios de inversión
• Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva
• Las entidades aseguradoras
• Las entidades gestoras de fondos de pensiones
• Las sociedades de corredurías de seguros
• Las sucursales en España de las entidades enumeradas con domicilio social en otro Estado.

Están obligadas a disponer de un departamento o servicio especializado de atención al cliente que tenga por objeto atender y resolver las quejas y reclamaciones que presenten los clientes.

Nos referimos a todas las quejas y reclamaciones presentadas, directamente o mediante representación, por todas las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que reúnan la condición de usuario de los servicios financieros prestados por las entidades mencionadas, siempre que estas quejas y reclamaciones se refieran a sus intereses y derechos legalmente reconocidos, ya se deriven de los contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela, o de las buenas prácticas y usos financieros, en particular, del principio de equidad. En los contratos de seguros también tendrán la consideración de usuarios de servicios financieros los terceros perjudicados.

El documento de queja o reclamación debe contener el nombre, apellidos y domicilio del interesado, el DNI, motivos y precisión clara de las cuestiones sobre las que se solicita un pronunciamiento, oficina, departamento o servicio donde se hubieran producido los hechos, que el reclamante no tiene conocimiento de que la materia objeto de la queja o reclamación está siendo sustanciada a través de un procedimiento administrativo, arbitral o judicial, lugar, fecha y firma.

Las entidades podrán designar, sin estar obligadas, un defensor del cliente, a quien corresponderá atender y resolver los tipos de reclamaciones que se sometan a su decisión, según lo que disponga el reglamento de funcionamiento.

Los titulares del departamento o servicio de atención al cliente y del defensor del cliente tendrán que ser personas con honorabilidad comercial y profesional, y con conocimiento y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.

Las entidades deben tener a disposición de los clientes, en todas y cada una de las oficinas abiertas al público, así como en sus páginas Web en el caso de que el contrato se hubiera celebrado por medios telemáticos, la información siguiente:

• La existencia de un departamento o servicio de atención al cliente y, en su caso, de un defensor del cliente, con indicación de su dirección postal y electrónica.
• La obligación, por parte de la entidad, de atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por sus clientes, en el plazo de dos meses desde su presentación en el departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, defensor del cliente.
• Referencia al Comisionado o Comisionados para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros que correspondan, con especificación de su dirección postal y electrónica, y de la necesidad de agotar la vía del departamento o servicio de atención al cliente o del defensor del cliente para poder formular las quejas y reclamaciones ante ellos.
• El reglamento de funcionamiento.
• Referencias a la normativa de transparencia y protección del cliente de servicios financieros.
• Las decisiones con que finalicen los procedimientos de tramitación de quejas y reclamaciones mencionarán expresamente la facultad que asiste al reclamante para, en el caso de disconformidad con el resultado del pronunciamiento, acudir al Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros que corresponda.

No se admite la tramitación simultánea de una queja o reclamación con un procedimiento administrativo, arbitral o judicial abierto sobre la misma materia.

Las sociedades de tasación y los establecimientos abiertos al público para el cambio de moneda extranjera autorizados para operaciones de venta de billetes extranjeros o gestión de transferencias con el exterior, también deberán atender y resolver las quejas a través de un servicio o unidad equivalente o defensor del cliente.

La decisión favorable del Departamento o servicio de atención al cliente o defensor del cliente vincularán a la entidad. Esta decisión no será obstáculo para el recurso a otros mecanismos de solución de conflictos, como son la Junta Arbitral de Consumo más próxima al domicilio del reclamando, la vía judicial y la protección administrativa. 

9.2. Los Comisionados para la Defensa del Cliente de los Servicios Financieros 
Para la admisión y tramitación de una queja o reclamación será imprescindible haberla formulado previamente al departamento o servicio de atención al cliente o defensor del cliente y que haya sido denegada o desestimada, o hayan transcurrido 2 meses desde la fecha de presentación sin que haya sido resuelta. Se debe hacer constar que ésta no se encuentra pendiente de resolución o litigio ante órganos administrativos, arbitrales o jurisdiccionales. En ningún caso el Informe que ponga fin a las quejas o reclamaciones tendrá carácter vinculante para el reclamante ni para la entidad a qué se refiera, sin perjuicio de remitir a los servicios de supervisión correspondientes aquellos expedientes en los que se aprecien indicios de incumplimiento de las normas de transparencia y protección de la clientela.

Los Comisionados para la Defensa del Cliente de los Servicios Financieros son los siguientes:

• Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios, adscrito al Banco de España, tendrá las competencias en relación con las quejas o reclamaciones y consultas que formulen los usuarios de servicios bancarios prestados por las entidades de crédito autorizadas para operar en el territorio nacional, por las sociedades de tasación y por los establecimientos de cambio de moneda autorizados para realizar operaciones de venta de billetes extranjeros y cheques de viaje o gestión de transferencias.
• Comisionado para la Defensa del Inversor, adscrito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tendrá las competencias en relación con las quejas o reclamaciones y consultas que formulen los usuarios de los servicios de inversión prestados por las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, y de los partícipes en fondos de inversión y los accionistas de sociedades de inversión que hayan delegado la gestión en una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva.
• Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones, adscrito a la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, tendrá las competencias en relación con las quejas o reclamaciones y consultas que formulen los usuarios de los servicios financieros de las entidades aseguradoras, excepto en los supuestos de contratos por grandes riesgos, y de las entidades gestoras de fondos de pensiones, sometidas a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Así como en relación con la actividad de los mediadores de seguros y con las entidades de crédito en materia de comercialización de seguros o planes de pensiones, o como depositarias de fondos de pensiones. 

10. El crédito al consumo

10.1 Concepte 
Se entiende como crédito al consumo aquel contrato mediante el que una persona física o jurídica, en el ejercicio de su actividad profesional (empresario), concede o se compromete a conceder un crédito a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional. 

10.2. Sujetos

• El empresario
• El consumidor, que debe ser una persona física que actúe al margen de su actividad profesional
• La entidad de crédito que ofrece la financiación. 

10.3. Contratos excluidos de la Ley
Quedan excluidos de la Ley de créditos al consumo los contratos siguientes:

• Los contratos con un importe inferior a 150€. A los contratos superiores a 20.000€ únicamente se les aplicarán las disposiciones sobre publicidad e información.
• Los contratos en los que se pacte que el consumidor reembolse el crédito, ya sea dentro de un único plazo que no exceda de tres meses, o en cuatro plazos como máximo, en un período que no supere los doce meses.
• Los créditos en cuenta corriente, concedidos por una entidad de crédito, que no constituyan cuentas de tarjeta de crédito.
• Los contratos en los que el crédito concedido sea gratuito, o en los que, sin fijarse el interés, el consumidor se obligue a reembolsar de una sola vez un importe determinado superior al del crédito que se ha concedido.

En el caso de servicios de trato sucesivo y prestación continuada, no se considerarán gratuitos aquellos créditos en los que, aunque la tasa anual equivalente sea igual a cero, su concesión implique algún tipo de retribución por parte del proveedor de los servicios al empresario prestamista. 

10.4. Requisitos antes de contratar 
En la publicidad y en los anuncios y ofertas exhibidos en locales comerciales en los que se ofrezca un crédito, siempre que se indique el tipo de interés o las cifras relacionadas con el coste del crédito, también se tendrá que indicar la tasa anual equivalente (TAE) mediante un ejemplo representativo.

Antes de la celebración del contrato, el empresario que ofrezca un crédito a un consumidor deberá entregarle, si éste lo solicita, una oferta vinculante que deberá mantener durante un plazo mínimo de diez días hábiles desde su entrega. 

10.5. El documento contractual 
El contrato de crédito al consumo se debe hacer constar por escrito, se debe formalizar en tantos ejemplares como partes intervengan y se debe entregar a cada una de ellas su ejemplar debidamente firmado.

El no cumplimiento de la forma escrita da lugar a la nulidad del contrato.

El documento contractual, necesariamente deberá contener los datos siguientes:

• La indicación de la tasa anual equivalente y las condiciones en las que se podrá modificar este porcentaje. Si no es posible hacer constar la tasa, se deberá hacer constar como mínimo el tipo de interés nominal anual, los gastos aplicables a partir del momento en que se celebre el contrato y las condiciones en que se podrá modificar.
• Una relación del importe, el número y la periodicidad o las fechas de los pagos que deba realizar el consumidor por el reembolso del crédito y el pago de los intereses y el resto de gastos, así como el importe total de este pago cuando sea posible.
• La relación de elementos que componen el coste total del crédito, con excepción de los relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando cuales se integran en el cálculo de la tasa anual equivalente, e igualmente la necesidad de constitución, en su caso, de un seguro de amortización del crédito por defunción, invalidez, enfermedad o desocupación del titular.

El coste total del crédito no podrá ser modificado en perjuicio del prestatario, a no ser que se haya previsto en un acuerdo mutuo entre las partes formalizado por escrito, y en el que consten los extremos siguientes:

• Los derechos que contractualmente correspondan a las partes según la modificación del coste total del crédito inicialmente pactado y el procedimiento a que se tendrá que ajustar.
• El diferencial que se aplicará al índice de referencia utilizado para determinar el nuevo coste.
• La identificación del índice utilizado o, en su defecto, una definición clara del mismo y del procedimiento para su cálculo.

Cuando se conceda un crédito para un bien determinado, si el prestamista recupera el bien como consecuencia de la nulidad o la resolución de los contratos de adquisición o financiación de los bienes, las partes tendrán que restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas, pudiendo deducirse el empresario o prestamista no responsable de la nulidad del contrato:

• El 10% del importe de los plazos pagados en concepto de indemnización por la tenencia de los bienes por el comprador.
• Una cuantía igual al desembolso inicial por la depreciación comercial del bien. Si la cuantía es superior a la quinta parte del precio de venta, la deducción se reducirá de ésta última.
• Además, si hay deterioro del bien vendido, el vendedor podrá exigir la indemnización procedente. 

10.6.Contratos vinculados a la obtención de un crédito
Se consideran contratos vinculados aquellos en los que se establece expresamente que la operación de compra incluye la obtención de un crédito de financiación, y por lo tanto, la eficacia del primero queda vinculada a la efectiva obtención del crédito.

Se considera nulo el pacto por el que se obligue al consumidor a un pago al contado o a otras formas de pago, en el supuesto de que no se obtenga el crédito de financiación previsto, y se tendrán por no puestas aquellas cláusulas en las que el proveedor exija que el crédito para su financiación solamente pueda ser otorgado por un único concedente.

En todo caso, el consumidor debe poder escoger si prefiere concertar un contrato de crédito o si, en cambio, prefiere realizar el pago de otra forma que acuerde con el proveedor del contrato de consumo. En el caso de que elija la financiación vinculada es requisito legal que en los contratos consten los datos siguientes:

• Identidad del proveedor de los bienes o servicios en el contrato de consumo.
• Identidad del concedente en el contrato de financiación.

De esta forma la ineficacia del contrato de consumo conlleva la ineficacia del contrato de financiación a fin de evitar que el consumidor siga pagando las cuotas del préstamo a una empresa financiera por un servicio no prestado por la empresa suministradora.

Este derecho también se podrá hacer valer ante el concedente del crédito siempre que concurran las circunstancias siguientes:

• Que el consumidor, para la adquisición de los bienes o servicios, haya concertado un contrato de concesión de crédito con un empresario diferente del proveedor de éstos.
• Que entre el concedente del crédito y el proveedor de los bienes o servicios exista un acuerdo previo, concertado en exclusiva, en virtud del que el primero ofrecerá crédito a los clientes del proveedor para la adquisición de sus bienes y servicios.
• En el caso de servicios de trato sucesivo y prestación continuada, que entre el concedente del crédito y el proveedor de los mismos exista un acuerdo previo en virtud del que aquél ofrecerá crédito a los clientes del proveedor para la adquisición de los servicios de éste.
  El consumidor dispondrá de la opción de concertar el contrato de crédito con otro concedente diferente al que está vinculado el proveedor en virtud de un acuerdo previo.
• Que el consumidor haya obtenido el crédito en aplicación del acuerdo previo mencionado anteriormente.
• Que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados en todo o en parte, o no sean conformes a lo que se pactó en el contrato.
• Que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a que tiene derecho.

11. El crédito rápido 

11.1. ¿Qué es un crédito rápido? 
Es un tipo de crédito que se otorga a un consumidor en un plazo muy breve de tiempo para satisfacer determinadas necesidades económicas normalmente no previstas, que no deben estar relacionadas necesariamente con la compra de un producto (para ir de viaje, para la reparación del ordenador, o para cualquier otro gasto no previsto o planificado) de una cuantía económica que normalmente suele estar entre 600€ y 6.000€.

Este tipo de créditos rápidos tienen:

Ventajas: son de rápida tramitación:

• Nos piden poca documentación, normalmente suele ser suficiente con una nómina de trabajo, un recibo domiciliado y nuestro DNI.
• Disponemos del dinero en un plazo breve, normalmente de 24 a 48 horas tras aceptar nuestra solicitud.
• No hace falta que justificamos el motivo por el que pedimos el crédito. Nos suelen ofrecer condiciones favorables en cuanto a los plazos de devolución del crédito.

Inconvenientes:

• Los intereses, en la mayoría de los casos, son muy elevados (en la mayoría el TAE supera el 20%).
• Al tener una tramitación rápida, a veces antes de firmar el crédito no tenemos toda la información necesaria.

¿Quién ofrece estos créditos?

Estos tipos de créditos los ofrecen tanto los Bancos y Cajas, como las Entidades Financieras de crédito, que están supervisadas por el Banco de España.  

11.2. ¿Qué requisitos deben cumplir?
Podemos encontrar este tipo de créditos anunciados en diferentes medios de comunicación (prensa, televisión, radio...) donde se presentan como una manera rápida y sencilla de conseguir dinero sin dar molestas explicaciones.

Recordemos que la publicidad es vinculante, y por lo tanto, todo lo que se diga en ella se debe cumplir.

En la publicidad que se haga de este tipo de crédito deben constar:

• Los datos de la empresa, con el número de registro otorgado por el Banco de España.
• El importe del crédito (mínimo y máximo) y de los gastos.
• El tipo de interés aplicable y la tasa anual equivalente (TAE).
• Los requisitos para obtener el crédito.
• El plazo en el que podremos disponer del dinero y el que tendremos para devolverlo.